Se declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días en todo el territorio nacional. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Quedan prohibidos por ese término de 180 días los despidos o suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se aplicará a todos los trabajadores. Los trabajadores afectados podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación.

Se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención de las credenciales de operador y firmante para ingresar en la autopista de información financiera, reduciendo a 1 el nº de operadores y firmantes, con la posibilidad de solicitar credenciales adicionales en caso de considerarse necesario para asegurar el cumplimiento de los deberes de información.